Circulo de estudiantes de sociologia

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EDITORIAL:            Boletin de prueba solo para miembros fundadores

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Este un tema propuesto por ENRIQUE GARCIA ROLDAN

Desorden: teoría del caos

INDICADOR POLÍTICO

Ingobernabilidad y una teoría del caos Mirando detrás del conflicto callejero A la memoria de Fernando Benítez En un día particularmente agobiante por marchas que estrangularon la ciudad de México, la jefa de gobierno Rosario Robles declaró a los reporteros: "¿cuál caos?" Más allá de la sorpresa por la movilización social, el gobierno perredista en el DF debió de haber percibido la dimensión profunda de los conflictos: la oposición de izquierda en el poder tampoco resolvió problemas estructurales de gobierno ni pudo establecer cauces de participación de la sociedad irritada. Policías que protestan en las calles, universitarios encarcelados por terrorismo y peligrosidad social, alzamiento de un pueblo para desalojar a granaderos de la Escuela Normal El Mexe de Hidalgo, bandas de narcotraficantes que cruzan combates armados con el ejército, bandas de asaltantes y criminales que superan las capacidades de las policías y prácticamente ocupan ciudades enteras, gobernadores priistas sometidos a juicios políticos, endurecimiento de las amenazas gubernamentales contra la sociedad que desborda los cauces legales, choques violentos en casi todos los estados de la república. ¿Cuál caos?, se preguntaba Rosario Robles ante una ciudad desbordada de movilizaciones sociales. El presidente Zedillo se encuentra en las mismas circunstancias: ante el desbordamiento de las movilizaciones sociales que evidencian la ausencia de instituciones políticas adecuadas al grado de madurez de los grupos sociales, la respuesta oficial ha sido la de limitar los espacios de movilización con la aplicación textual de la ley. Pero como se vio en el caso de la UNAM, la ley no pudo resolver el conflicto ni siquiera logró cristalizar la salida policiaca al grado de que la PGR ha tenido que desvanecer acusaciones y centenas de estudiantes han tenido que ser dejados en libertad. Al final, los datos señalan que la estructura política no puede encauzar las inquietudes y exigencias de la sociedad y las leyes tampoco pueden contener las movilizaciones. El choque entre el avance de la sociedad y la contención gubernamental deriva necesariamente en el conflicto, lo mismo con la necesidad de encarcelar a más de mil estudiantes ante la negativa gubernamental a dialogar con organizaciones emergentes de estudiantes, que con la violencia social en la Escuela Normal El Mexe de Hidalgo donde la sociedad rebasó a la estructura represiva del gobierno estatal, aprehendió a 68 granaderos, les quitó las armas, los desnudó y los sometió a juicio popular en la plaza pública y el gobierno local respondió con más amenazas de represión.

EN EL PRINCIPIO FUE EL CAOS

La primera expresión crítica es contundente: el país se salió de control. Sin embargo, el problema no es estrictamente de controles y desbordamientos. La pérdida de control y la movilización desbordada de la ley con efectos de problemas de gobernabilidad mucho más profundos. El diagnóstico más certero señala las evidencias cotidianas de una crisis en la transición política. La modernización productiva impulsada por Salinas y profundizada por Zedillo liberó nuevas fuerzas sociales y políticas pero no les edificó instituciones de participación ni cauces de expresión. Así, la modernización se agotó en la simple reestructuración productiva y no en la reconstrucción institucional. El país fue sometido a una fase apresurada de desinstitucionalización. El desmantelamiento de la vieja estructura política no condujo a la construcción de una nueva. Así, los desórdenes, el caos y los conflictos forman parte de una transición incompleta. La razón del control de la modernización política fue identificada por los temores de Carlos Salinas en 1992 y 1993: la modernización productiva con modernización política llevaría a la pérdida de poder del PRI. Salinas vivió los tres últimos años de su gobierno obsesionado por el síndrome Gorbachov: la reestructuración productiva con liberalización política llevó a la Unión Soviética al caos, al desmembramiento territorial y a la caída del propio Gorbachov. Sin embargo, el caos del 2000 tiene su contextualización en la reforma económica de Salinas. Salinas comenzó su modernización con la aniquilación del viejo sistema sindical, pero sin construir sindicatos adecuados a la modernidad. Formaciones sindicales, grupos empresariales, PRI y burocracia gobernante del pasado tuvieron que moverse en la modernización productiva pero sin crear nuevas instituciones. A Salinas no le estalló la crisis porque mantuvo hilos de poder sustentados en la legitimación de grupos sociales marginados a través del Pronasol. Cuando Zedillo terminó con esos programas y comenzó los recortes sin preocuparse por el engrosamiento de la marginación social adicional, los grupos sociales afectados salieron a la calle a defender sus pocos espacios. El país, en consecuencia, no se ha salido de control. En realidad, el control en México ha sido expresión de la existencia de instituciones y discursos legitimadores de los grupos sociales marginados. De ahí que el país más bien carezca de espacios o instituciones de control político y social adecuados a la nueva realidad política. La legalidad jurídica funcionó como un espacio de control social y político pero en la actualidad no tiene la legitimidad deseada.

ESCENARIOS DEL CONFLICTO

La modernización productiva del ciclo De la Madrid-Salinas-Zedillo ha metido al país en la pendiente del conflicto permanente. La incapacidad de Zedillo para reencauzar la vida política y social ha sido producto de un error en el diagnóstico mismo de la crisis. En su visión de economista, Zedillo ha descartado de origen la dinámica del desarrollo de las contradicciones sociales y políticas. Las nuevas relaciones de producción se quieren conducir con los viejos mecanismos coercitivos del Estado priista. El desorden político ha sido producto justamente de la ausencia de una reorganización funcional del sistema político. La crisis del presidencialismo es correlativa a la modernización productiva: el paternalismo del Tlatoani ya no es necesario en una dinámica productiva que ya no pasa por el poder ejecutivo. Y la pérdida de este hilo de control provoca, de modo natural, nuevas relaciones de poder entre sociedad y presidente de la república. Pero cuando el sistema presidencialista se niega aceptar que su modernización debe comenzar con el acotamiento de su poder absolutista, entonces el país entra en los terrenos pantanosos de la modernización incompleta. La crisis de México es, por ello, de estructura. El problema de gobernabilidad de Zedillo radica en el hecho de que las nuevas instituciones y prácticas productivas más liberadas no tienen sus correspondientes instituciones sociales y políticas. La oposición, por ejemplo, forma parte de la nueva institucionalidad del país. Pero al viejo estilo político de la inmortalidad priista, Zedillo quisiera la modernización pero con el PRI dominando toda la escena política. Y lo peor es que se trata del mismo PRI de Salinas, de Echeverría, de Alemán y hasta de Cárdenas: una estructura de poder hegemónico para garantizar el dominio del sistema presidencialista. El México de la liberación productiva de Carlos Slim quiere manejarse con el PRI de Leonardo Rodríguez Alcaine. El PRI fue, históricamente, un partido subsidiario. Es decir, el PRI subsidió la ausencia de una sociedad autónoma, dinámica, promotora del desarrollo. Pero ahora que la sociedad ha decidido asumir directamente sus propias responsabilidades, el PRI no se ha sabido acomodar a esta nueva y dinámica movilidad social. Y la oposición que ha querido encauzar una parte de la nueva movilidad social carece de espacios de poder. Por eso ha crecido la base social del PAN y del PRD y se ha reducido la del PRI. El problema de fondo ha sido la falta de instituciones sociales y políticas adecuadas a la sociedad que ha surgido de la modernización productiva.

LAS COORDENADAS DE LA CRISIS

La falta de modernización política ha generado cinco expresiones de la crisis:

1.- La inestabilidad. Cuando las contradicciones internas dentro del sistema político desbordan los cauces institucionales, el país pierde las bases de la estabilidad social y política. Por ejemplo, cuando los empresarios modernizados pierden la línea de subordinación con el gobierno o cuando los sindicatos envejecen esperando el paternalismo gubernamental o cuando los estudiantes enfrentan decisiones del gobierno que antes los beneficiaban.

2.- La desestabilización. La pérdida de la estabilidad viene, en este punto, de fuera del sistema político tradicional. La guerrilla sería su expresión más típica, aunque una oposición no leal --es decir, en la lógica de la alternancia-- dibujaría una desestabilización no violenta. Los mecanismos de cohesión y de coerción gubernamental dejan de funcionar y entonces las relaciones de poder se instalan en la dialéctica del conflicto.

3.- El vacío de poder. Cuando las estructuras dominantes del poder político --básicamente el PRI, el presidente de la república y la cultura política-- dejan de operar en la conducción del desarrollo político del país, la movilización social comienza a saltarse las barreras de contención. Vienen los choques contra la autoridad --lo mismo en el Congreso Federal que en las calles-- y desde luego la pérdida de la estabilidad. Zedillo ha estrechado su margen de acción exclusivamente a las tareas que tienen que ver con sus decisiones directas. Pero ha abandonado la plaza global, aunque sin crear condiciones de liberalización política y usando la fuerza para refrendar el control.

4.- La ingobernabilidad. En una situación de confrontación entre la sociedad y el gobierno, los términos de los encuentros definen los alcances de la gobernabilidad. Cuando la oferta del gobierno es menor a la demanda de la sociedad, los conflictos se convierten en ingobernabilidad. Ocurre la ingobernabilidad lo mismo en el caso de la UNAM --la demanda de educación gratuita ante una crisis fiscal del Estado--, que en la Normal El Mexe de Hidalgo, pasando por las protestas de las policías. La sociedad ha comenzado a desbordar los espacios políticos del gobierno y el gobierno responde equivocadamente: en lugar de entender y atender las demandas de la sociedad, usa la policía y la ley para contener.

5.- La disputa por el poder. Si los conflictos anteriores dibujan las presiones a las que es sometido un sistema político, la interrupción de la estabilidad obedece también a la confrontación entre las élites políticas al margen de los mecanismos democráticos tradicionales para la distribución de las áreas de poder. Esta crisis no involucra a la sociedad y representa tan sólo un reacomodo de grupos políticos, de pandillas, de mafias y hasta de corrientes. La lucha por la candidatura presidencial del PRI fue una crisis típica de disputa por el poder entre las élites gobernantes. La modernización de las instituciones políticas y sociales tiende a disminuir las presiones sobre el sistema político. Los conflictos por territorios, espacios y orientaciones exigen instituciones más adecuadas a las dinámicas de los grupos sociales. La modernización productiva liberó nuevas fuerzas sociales y formas de organización menos autoritarias y dependientes, pero no se crearon nuevos espacios para un nuevo sistema de toma de decisiones políticas.

CRISIS DE TRANSICION

Los conflictos del sistema político mexicano dibujan una crisis tradicional de transición. El agotamiento del viejo sistema de pesos y contrapesos no pudo adecuarse a los mecanismos de modernización e integración internacional. Asimismo, el Estado subsidiario no pudo crear las instituciones para encauzar las nuevas formas de organización y de expresión de los nuevos grupos sociales con nuevas demandas o de los viejos grupos sociales con viejas demandas. Por tanto, el escenario del conflicto nacional era lógico. Ante la urgencia del gobierno de Salinas de generar la modernización productiva para crear nuevas formas de producción y el intercambio internacional de experiencias, información y modos de relaciones sociales que provocó la globalización de la economía, la respuesta gubernamental fue la de la contención de las demandas sociales. La legalidad autoritaria, disfrazada de lucha contra la impunidad o de defensa del Estado de derecho, no ha hecho sino interrumpir el desarrollo natural de nuevas formas de organización social. La ley, así, obstaculiza la modernización social y queda en instrumento de represión. La lista de conflictos sociales determina, ante todo, la ausencia de instituciones adecuadas. La adecuación de algunas instituciones sociales, ante la negativa oficial a modernizarlas, se convierte en un factor de ruptura: la UNAM, el Mexe, la guerrilla, las ofensivas del narcotráfico, el desbordamiento del crimen organizado, el endurecimiento de la oposición en el Congreso, las batallas verbales en las campañas presidenciales, las protestas de policías, entre muchos otros problemas expresados en movilizaciones callejeras de grupos sociales. El debate, en consecuencia, debe darse en torno al diagnóstico de la crisis en la transición. En su Diccionario de Política (editorial Siglo XXI), Norberto Bobbio identifica la ingobernabilidad como una crisis de gestión administrativa del sistema y de una crisis de apoyo político de los ciudadanos hacia los gobiernos. Samuel Huntington va más allá y explora el conflicto modernización productiva-estancamiento institucional. En su libro El orden político en las sociedades en cambio (editorial Paidos), el politólogo norteamericano señala que la modernización política implica cuando menos tres grandes cambios: la racionalización de la autoridad, nuevos equilibrios de poder y la creciente participación política de la sociedad. Para Huntington, la modernización provoca dos efectos políticos: de un lado, "la movilización social" como el proceso por el cual "son desgastados o destruidos grandes grupos de los antiguos compromisos sociales, económicos y sicológicos y la gente queda disponible para adoptar nuevas pautas de socialización y conducta". De otro, el hecho de que el desarrollo económico derivado de la modernización genera asimismo un aumento de las demandas de bienestar a través de una lucha más activa por la distribución de la riqueza. El fondo del problema radica, en primer lugar, en el hecho de que la modernización productiva y la transnacionalización de la economía provocó, como dice Sergio Zermeño en La sociedad derrotada, El desorden mexicano del fin de siglo (editorial Siglo XXI), el "desmantelamiento de los actores sociales". Se trataría, siguiendo el razonamiento de Zermeño, de la intencionalidad oficial para contener la modernización política y social a través de la desarticulación de grupos sociales y políticos. Y se aprecia en el conflicto vigente: en Chiapas, la UNAM y las movilizaciones obreras el gobierno priista opone la aplicación estricta de la ley ante problemas de recomposición social. Así, la dialéctica del conflicto social se mueve entre las coordenadas de las movilizaciones sociales que buscan mantener la vigencia de sus organizaciones como la adecuación del marco modernizador con instituciones políticas democratizadoras --la opción de la transición a la democracia-- y la vertiente del endurecimiento gubernamental para limitar la modernización a los aspectos puramente productivos y operar el desmantelamiento de los grupos sociales activos --la opción de la restauración-- para apostarle a una modernización funcional a los viejos sectores políticos. De ahí que la modernización se enfrente al dilema de fondo: la transición a la democracia o el mantenimiento del régimen autoritario.

CONFLICTO POR LA TRANSICION

En su ensayo La tercera ola. La democratización a finales del Siglo XX (editorial Piados), Huntington resume los cinco cambios que han ayudado a la producción de transiciones:

1.- Los profundos problemas de legitimación de los sistemas autoritarios en un mundo donde los valores democráticos eran ampliamente aceptados.

2.- El crecimiento económico mundial sin precedentes en los años sesenta que elevó los niveles de vida, acrecentó la educación y expandió de modo notable de las clases medias.

3.- Los sorprendentes cambios en la doctrina y en las actividades de la iglesia católica en el Concilio Vaticano II en 1963-65 y la transformación de las iglesias nacionales de una postura de defensores del viejo régimen a otra de oposición al autoritarismo y defensoras de las reformas sociales, políticas y económicas.

4.- Cambios en las políticas de los actores externos que incluye a finales de los sesenta la actitud de la Comunidad Europea y la política exterior de EU hacia la promoción de los derechos humanos y la democracia.

5.- El efecto de nieve o efecto demostración de un país hacia otros a través de los medios de comunicación. El sexto elemento lo incluiría después: la modernización productiva y sus efectos en la modernización política. "La modernización política implica la extensión de la conciencia política a nuevos grupos sociales y su movilización para la política", escribió en El orden político en las sociedades en cambio. Huntington enfatiza los aspectos más importantes de la modernización política: la racionalización de la autoridad, el reacomodo de nuevas funciones políticas o la división de poderes y una creciente participación política de la sociedad. Planteada más allá de los aspectos teóricos, la modernización política es asumida como una consecuencia de la modernización económica y productiva. La liberalización productiva, la hegemonía del mercado, la interrelación laboral internacional y la observación externa han requerido siempre de instituciones flexibles. "Los cambios socavan los fundamentos tradicionales de la autoridad y las instituciones políticas tradicionales y complican tremendamente los problemas de la creación de nuevas bases de asociación e instituciones políticas que unan la legitimidad a la eficacia", dice Huntington. Cuando la modernización productiva cambia modos de producción y relaciones sociales y produce nuevas fuerzas sociales pero sin generar espacios de organización y participación democrática, entonces "el resultado es la inestabilidad y el desorden". El error del modelo salinista-zedillista se explica en el análisis de Huntintgon. El esquema norteamericano de los sesenta radicó en la percepción --equivocada-- de los procesos. EU consideraba que "la estabilidad política sería el resultado natural e inevitable del logro de un firme desarrollo económico en primer término y después de una amplia reforma social". Para EU, en pocas palabras, "la ayuda económica promueve el desarrollo económico y éste promueve la estabilidad política". El modelo de modernización salinista-zedillista ha sido así de obvio: la modernización productiva generaría automáticamente su nueva correlación de fuerzas sociales y políticas. Pero, dice Huntington, "en realidad el desarrollo económico y la estabilidad política son dos metas independientes". Y la realidad prueba sus enfoques: en México, el desarrollo económico nunca generó estabilidad política. Al contrario, hubo momento en que el desarrollo económico produjo precisamente fases de inestabilidad debido a la ausencia de instituciones políticas y sociales adecuadas. Las expresiones de inestabilidad social no representan rebeldías autónomas sino que conforman una protesta social derivada de la ausencia de instituciones sociales y políticas realmente democráticas que se emparejen con los avances en la modernización productiva. Así, la crisis de transición democrática no debe verse aislada sino en una concepción general: una crisis de viabilidad de la modernización por la inestabilidad que produce el conflicto social o una crisis de desarrollo. Sería el síndrome Gorbachov: el colapso entre una modernización productiva acelerada con una desordenada o ausente modernización política.